Los trabajadores agrícolas de Idaho ahora pueden recibir la vacuna. Pero navegar por el sistema de salud es complicado y es aún más enredoso para los trabajadores agrícolas indocumentados que intentan vacunarse.
Aquí está una versión de esta reportaje en Inglés.
Si se trata de recibir la vacuna, Esperanza está lista.
"Yo sí me la pongo,” dice Esperanza. “Cuando me la pueda poner, yo sí me la voy a poner".
Ella es indocumentada y no quiso compartir su apellido. Ha vivido y trabajado en los Estados Unidos desde hace un buen tiempo; dos décadas de acondicionar los campos, cosechar las papas, y cultivar alimento para ganado.
Sam Byrd, del Centro de Comunidad y Justicia en Boise, dice que una clave para que los trabajadores agrícolas como Esperanza reciban la vacuna, son las clínicas de salud comunitaria.
"Históricamente, han servido a los trabajadores agrícolas,” dice Sam, “han sido accesibles para ellos... así que creo que van a servir de una de las mejores maneras."
Pero estas clínicas no pueden resolverlo todo. Una de las principales formas en que las personas pueden obtener acceso a la información sobre la vacuna es a través de las relaciones médico-paciente.
Muchos trabajadores indocumentados no tienen ese acceso porque no tienen seguro médico. La alternativa: pagar de su bolsillo es una práctica común, a menudo costosa e impredecible.
Esperanza, por ejemplo, fue a una clínica local en diciembre porque toda su familia estaba enferma con dolores corporales y de cabeza y vómitos. Querían pruebas de COVID pero ella dice que el médico dijo que no era necesario. No les hicieron las pruebas pero sí recibieron una enorme factura.
“De dos veces que fuimos al doctor nos llegó el bill, como de 500 dólares,” dice ella. “Por eso, necesitamos primero pagarlo para volver a regresar”.
Si bien las vacunas son gratuitas, una consulta con un médico no lo es, y esa falta de diálogo crea una brecha en la información que es crucial. Algo que Byrd dice debe ser abordado por todos, desde empleadores, organizadores comunitarios y médicos por igual.
“La gente sabrá qué hacer con esa información, pero nosotros tenemos la responsabilidad de proporcionarla", dice Byrd.
Y eso podría significar cualquier cosa, desde... a qué grupo de vacunas pertenece una persona, hasta dónde puede ir para recibir una inyección.
Angélica -otra trabajadora agrícola latina indocumentada- sabe que pronto será su turno de vacunarse, pero no sabe cuándo, ni cómo.
“Como tenemos poquito que comenzamos el año laboral, la verdad pues no,” dice Angelica. “No tenemos ahorita por parte del trabajo como apoyo para ir a alguna clínica a tomar la vacuna”.
Una preocupación persistente para Byrd es la discriminación que Angelica puede enfrentar. Para recibir la vacuna, deberán proporcionar algún tipo de identificación que certifique que viven y trabajan en el estado.
La licencia de conducir está fuera de discusión, por lo que tendrán que proporcionar una factura de servicios públicos, o una carta de un empleador u organización religiosa. Esto lo hace cuestionarse si las personas para las que trabajan deberían estar más involucradas en el proceso de inmunización.
“¿Hacemos eso a través de los empleadores?”, se pregunta Byrd. “Sabes, esa podría ser una de las formas más importantes si los empleadores lo requieren".
Los distritos de salud de Idaho están trabajando para asociarse con las empresas, pero Esperanza y Angelica, por ahora, todavía tienen que esperar para recibir su vacuna.
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